La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su consecuencia natural, el Compliance, han abierto las puertas a un proceso fascinante de privatización del derecho penal.
Los programas de cumplimiento, los canales de denuncia y, en definitiva, los controles y cortafuegos que las organizaciones están diseñando para la prevención de los delitos, suponen un verdadero sistema de policía civil, con el que se auto-protegen de los incumplimientos de la legalidad. Pero el sector privado no solo está asumiendo la prevención de los delitos, sino también su investigación.
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