A fecha de hoy, ni si quiera se ha presentado un proyecto de ley y nadie conoce cuál será el texto, el camino hasta la publicación y entrada en vigor de la norma, se antoja largo, máxime, cuando además, y casi de forma inexorable, la nueva norma deberá modificar varias leyes orgánicas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Penal, por lo que no bastará con decreto ley para poner en marcha el sistema de protección a los denunciantes, lo que, a buen seguro, nos va a catapultar al verano en el mejor de los escenarios, explica en Cinco Días nuestro abogado y experto en Compliance Legal, Felipe García.
Nuestro socio finaliza el artículo haciendo referencia a que la directiva, al otorgar derechos a los ciudadanos, se puede hacer valer y exigir su cumplimiento, según la doctrina del TJUE, pero puede ser un camino con muchas dificultades, por esta razón, debe transponerse la Directiva de forma urgente, dotando de mecanismos de protección efectivos y reales a los ciudadanos que formulen denuncias internas o externas, ya sea en el ámbito privado o público.
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