La protección a los denunciantes en España tendrá que esperar. Y es que, luego de incumplir con las directrices europeas y no trasponer a tiempo la Directiva de Protección a los Denunciantes (UE) 2019/1937, España ha sido expedientada por Bruselas. .
España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea a excepción de Portugal, Malta y Suecia, cuenta con un plazo de dos meses para presentar alegaciones y evitar, en el futuro, una sanción de carácter económico, como la impuesta en 2021 por valor de 15 millones de euros al no trasponer otra Directiva (la 2016/680), relacionada con la protección de las personas físicas y el tratamiento de sus datos de carácter personal, explica nuestro abogado y experto en Compliance Legal, Felipe García.
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