Publicada la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Se termina el trámite parlamentario y se publica un nuevo marco regulatorio que impone a las organizaciones una serie de obligaciones formales.
La Ley 2/2023 obliga a las empresas a implantar un sistema interno de información o a adaptar el ya existente, desarrollando un procedimiento de gestión de las denuncias y asegurando la protección a los alertadores, en la norma se prevén sanciones económicas importantes.
Las empresas con 250 trabajadores o más dispondrán hasta el 13 de junio del corriente para adaptarse a esta norma, mientras que para las organizaciones con una plantilla inferior se amplía el plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.
Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, además de proteger a quienes informen sobre las infracciones del Derecho de la Unión previstas en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, esta ley abarca también las infracciones penales y administrativas graves y muy graves de nuestro ordenamiento jurídico.
Consulta aquí la publicación completa en el BOE
Comentarios recientes