La colaboración público privada en la averiguación de los delitos será próximamente una de las claves del Derecho Penal.
Hasta hace poco tiempo, la investigación de los delitos correspondía sólo al Estado, y no podían existir injerencias de otras entidades o personas, esto, en el futuro, como ya está pasando, ya no será así, y las propias organizaciones, se han echado a sus espaldas la difícil tarea de investigar las irregularidades que surgen en sus organizaciones.
El sistema de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas traslada a las organizaciones privadas dos grandes obligaciones, una, la de intentar prevenir delitos, y otra, y no menos importante, la de investigarlos.
Los Estados, han pasado la pelota a las organizaciones para intentar que desde dentro se evite la comisión de delitos, y además, que se investiguen los mismos, para que luego, se proceda a presentar este material a la Fiscalía, Tribunales o Policía. Especialmente en investigaciones complejas, con un componente financiero y tecnológico elevado, donde sencillamente, el Estado no puede llegar a tiempo para destapar la operativa delictiva y los responsables de los hechos, para ello, el ordenamiento llama a las organizaciones a estructurar un modelo de prevención penal, y establecer mecanismos por los cuales se puedan desarrollar investigaciones internas complejas, presentando al culpable ante las autoridades, y en su caso, mejorando sus controles para que los hechos no vuelvan a producirse, desplegando las acciones de su sistema disciplinario, esto en esencia es el espíritu del compliance, y ya se anunciaba así en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado.
Las empresas y organizaciones, por su parte, han asumido, por propia convicción e interés este traspaso, ya que una vez está en marcha la investigación, pueden controlar la obtención de la prueba, y anticiparse para conseguir un trato penal más favorable, controlando su potencial daño reputacional y teniendo un monopolio sobre el material de la investigación.
Sin embargo, este auge de las investigaciones internas en las organizaciones, no ha ido acompañado de un marco normativo, creando inseguridad jurídica, que se palía en cierta medida por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la Doctrina
del Tribunal Constitucional, pero que da buena cuenta, de la urgente necesidad de una norma que termine con la situación actual.
La inseguridad jurídica es tal, que no sólo existen dudas en muchos supuestos en cuanto a la obtención de prueba, si no en cuanto a su custodia, presentación y validez de la misma, debiendo analizarse cada caso de manera exhaustiva, ….
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