Por fin se da el pistoletazo de salida al cumplimiento efectivo de la Ley 2/2023, que pretendía proteger a los informadores de corrupción, pero que, de momento, estaba paralizado su cumplimiento al estar huérfana de autoridad que aplicara la tutela al cuidado y protección de los informadores.
El pasado 29 de octubre y después de una larga espera, veíamos publicada la norma que crea la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI), quien controlará la efectiva protección de los alertadores.
No es sorpresa y sobre todo en los últimos tiempos, hablar del problema que representa la corrupción en nuestras instituciones, el pasado martes con la publicación de esta norma, termina un largo camino que ha ido desde las proclamas a golpe de grito y cartel de los denunciantes de corrupción en la UE, donde muchos de ellos habían sido maltratados y vejados dentro y fuera de sus organizaciones, hasta llegar a la culminación de la creación de esta Autoridad, que no olvidemos, no ha sido creada de forma espontánea, ni altruista, si no impuesta por la política de la UE, y donde casi todos los países miembros, han llegado tarde a la trasposición de la Directiva, y si me permiten la expresión, a regaña dientes, si, y no solo el Estado Español.
Con esta creación de la Autoridad Independiente, se cierra el círculo y por fin se tendrá un marco legal efectivo que protegerá a los denunciantes de corrupción, o eso esperamos.
No será una tarea fácil porque la Autoridad Independiente tendrá que coordinar a todas las Autoridades Independientes de las Comunidades Autónomas, y aquellas comunidades autónomas que todavía no tengan su Autoridad Independiente, tendrán que crearla, y si no, tendrán que concertar un convenio de colaboración con la AAI. Además de esto, se le dota de una capacidad sancionadora que aplicará las sanciones establecidas en la Ley 2/2023, una suerte de espada de Damocles para aquellas organizaciones que osen tomar represalias contra los informantes.
La AAI, tiene como principales objetivos, proteger a los informantes, luchar contra la corrupción, y servir de volante a otros organismos administrativos u organismos de supervisión, control, inspección o investigación que tengan funciones semejantes.
Sus principales objetivos, serán la tramitación de denuncias y comunicaciones que se reciban a través del canal externo, y definir el procedimiento de gestión de denuncias, que se publicará y se revisará cada tres años.
Será la encargada de dotar de medidas de protección y apoyo a las personas informantes, y como no, la parte menos lucida, que será la de la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores…
Puede leer la Publicación completa de Felipe García, Socio Director de Círculo legal y miembro de la Junta directiva de la World Compliance Association.
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