La World Compliance Association ha presentado sus alegaciones al Decreto que regulará el estatuto de este nuevo regulador.

La norma llega con un año de retraso en su implementación de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección al Informante (AAI), entidad clave en el desarrollo de la Ley 2/2023 que traspone la Directiva Whistleblowing para la protección de los informantes. Ahora se quiere aprobar su Estatuto pero nos preocupa la constitución del organismo y su constitución”, apunta Felipe García, socio director de Círculo legal y miembro de la Junta directiva de la World Compliance Association.

Esta entidad acaba de presentar al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una serie de alegaciones al Proyecto del Real Decreto que pretende aprobar el Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante (AAI).

La entidad ha aprovechado la publicación de dicho Real Decreto, en el que ha faltado el trámite de consulta pública. Lo que han hecho es presentar esas alegaciones a un trámite que se llama de colaboración ciudadana y que finalizó el plazo esta semana.

“Hasta el momento la normativa española no ha podido aplicarse aunque estuviera en vigor. Los posibles fallos de los canales internos de denuncia o vulneraciones de los derechos de los informantes no han sido sancionables hasta ahora por la falta de la AAI. Este organismo, que tendrá su estatuto específico antes de que acabe el año, es clave para la gestión de esas denuncias”, aclara el experto, Felipe García.

En dichas alegaciones esta asociación profesional propone incluir una referencia explícita a la vigilancia de los requisitos legales de seguridad y garantía de los derechos de los informantes en los canales de denuncia interna, en línea con la Directiva 1937/2019, así como que se especifique las titulaciones y formación requeridas para los cargos de la AAI, asegurando conocimientos específicos en cumplimiento normativo y protección de alertadores.

A su vez, que la AAI pueda emitir informes jurídicos a solicitud de la Fiscalía, jueces y otros organismos, respetando los derechos de todas las partes implicadas. Asimismo, desde la WCA se solicita aumentar al menos a tres puestos a las asociaciones más representativas de nuestro país en materia de lucha y prevención de la corrupción dentro de la Comisión Consultiva,…

Puede leer la PUBLICACIÓN COMPLETA de Felipe García, director de Círculo legal y miembro de la Junta directiva de la World Compliance Association.

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