El Gobierno, a través de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, ha atribuido a un «error», que ya están trabajando para resolver, la eliminación del veto a contratar con las empresas que no defiendan y protejan a los trabajadores informantes de corrupción, fraudes e irregularidades.
Así al menos lo ha asegurado este domingo Simancas a través de un mensaje en la red social Twitter a raíz de las quejas de varios usuarios tras la noticia publicada por TO: «Somos conscientes del error y ya estamos trabajando para resolverlo en breve».
Esta medida anticorrupción, que parte de una directiva clave de Bruselas que España había aplicado con retraso, estuvo presente en la Ley de Contratación del Sector Público solo unos días y desapareció de un plumazo con la incorporación a la normativa de contratos de un artículo relacionado con la ley trans. En concreto, la nueva cláusula impide trabajar con el sector público a las compañías condenadas por discriminación de sexual y de género.
Fue Javier Vázquez Matilla abogado especialista en Contratación Pública el que se percató en primera instancia del grave error, que constató THE OBJECTIVE y que puede estar motivado, entre otras razones, según han dejado constancia decenas de juristas en sus cuentas de Twitter en solo dos días, a la vorágine legislativa.
Comentarios recientes