La emoción de la Eurocopa, con sus prórrogas trepidantes, penaltis y victorias en el último minuto, evoca la importancia de luchar hasta el final, sin rendirse, aunque el marcador señale un par de tantos en contra. En los últimos tiempos nuestro Estado de derecho ha encajado unos cuantos goles. Goles, además, en propia meta, porque los ha marcado nuestro Gobierno, que era el primer obligado constitucional a protegerla.
En la anterior legislatura de Pedro Sánchez asistimos, atónitos, a una operación sin precedentes de desactivación de las instituciones democráticas. Todos o casi todos los contrapesos del poder fueron liquidados, domesticados o puestos en manos de esbirros del Gobierno. Hasta llegó a vestir de jueces del Tribunal Constitucional a uno de sus ministros y a un miembro del Gabinete de Moncloa.
Pero lo peor estaba por llegar. La actual legislatura, construida en torno a las necesidades penales, anhelos políticos y los valiosos siete votos de Caries Puigdemont, ha puesto al Estado de rodillas. Desde julio de 2023, la Constitución, la integridad territorial de España, la igualdad ante la ley, la independencia de los Tribunales y nuestros compromisos o tratados internacionales han quedado reducidos a meras bagatelas, mercancías de segunda cuyas entregas nunca serán suficientes para pagar, o intentar pagar, los votos de ese carísimo socio del Gobierno.
El primer plazo del precio fue la ley de Amnistía.
El Gobierno de Pedro Sánchez, que siempre se había mostrado contrario a la medida, invocando pudorosamente la Constitución, cambió su relato el día después de las elecciones e inició una especie de pedagogía de la reconciliación, loando las bondades de su acto de suprema generosidad, que pondría fin al problema catalán.
Mientras tanto, sus socios, reían a carcajadas y se daban palmadas en la espalda…próxima parada, el referéndum», decía utano Gabriel Rufián cuando aprobaron la ley en el Parlamento. El resultado de las elecciones catalanas y la moneda de cambio en que se convirtió la candidatura de Salvador lila les hizo volver a frotarse las manos. No sólo ganaban por goleada, sino que estaban a punto de marcar otro tanto.
Sin embargo, estamos en la Unión Europea, y los ejercicios de autocracia tienen aquí menos recorrido. El Estado de derecho, pese al duro castigo recibido, aún cuenta con arrestos para sobreponerse al sabotaje de sus malos gobernantes.
El pasado 1 de Julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó una valiente y bien fundada resolución que rechaza la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación, y mantiene la orden de detención sobre Puigdemont y su núcleo duro.
Y es que los autores de la ley, seguramente para aseada un poco frente a Bruselas, habían excluido de ella las malversaciones con enriquecimiento personal del autor. Probablemente Puigdemont y su equipo de legisladores no cayeron en la cuenta de que gastarse fondos públicos en una actuación ilegal, como el procés, decidida por los mismos que dispusieron del dinero, constituye enriquecimiento personal en la interpretación tradicional del Tribunal Supremo.
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