Las empresas españolas lo tienen cada vez más complicado para fiarse de las llamadas ‘jurisdicciones no colaborativas’, según los expertos.
Los paraísos fiscales ya no son lo que eran. Las llamadas jurisdicciones no colaborativas aportan cada vez menos beneficios a las empresas españolas, que ven como el trabajo global para poner en cintura estos enclaves lo está poniendo difícil a los territorios con fiscalidad amable.
Es la tesis que desgrana Diego Cabezuela Sancho, socio y abogado del despacho Círculo Legal Madrid, que detalla que «estar en ellos [los paraísos] o relacionarse con ellos plantea para las empresas cada vez más riesgos». Es así, razona el abogado, porque un paraíso fiscal viene descrito por dos factores fundamentales. «La baja o nula tributación para los extranjeros, y el secreto bancario y la negativa a suministrar información a las autoridades financieras de otros países», enumera Cabezuela.
Retroceso del secreto bancario
El letrado se detiene en este último punto. Es la causa matriz de por qué los paraísos están perdiendo raigambre. «Tanto el secreto bancario como la negativa a suministrar información se hallan en franco retroceso», alerta.
A este respecto, el profesional recuerda que el punto de inflexión lo marcó Suiza, que levantó el velo en 2018. «Fue un hito histórico», subraya.
Las listas como incentivo adverso
En relación a ello, hay un factor esencial que lleva a los países a abrir cada vez más sus registros mercantiles. «El sistema de listas negras y listas grises puesto en práctica por la OCDE, la UE —ver lista aquí— y los países organizados, está cambiando considerablemente la predisposición de los países-paraíso», razona Cabezuela.
Estar en la diana supone una «rémora en el comercio internacional», por lo que escapar de ella se antoja clave. Eso sí, los gobiernos no lo tienen fácil. «Son países que tienen en su industria fiscal su principal fuente de ingresos y de inversión financiera».
Las empresas patrias lo tienen complicado
En este sentido, a las empresas españolas se les presenta una decisión. Acogerse a un régimen tributario perseguido por la Financial Action Task Force (FATF-Gafi) y sus temibles evaluaciones, o quedarse en el país.
La primera opción, advierte el letrado de Círculo Legal, tiene cada vez más contras. «Los ingresos obtenidos en paraísos pueden ser sumados por la Agencia Tributaria a las bases imponibles españolas si no hay una actividad real o en el país paraíso que justifique esa deslocalización». «Los gastos o pagos realizados en un paraíso cuentan con grandes posibilidades de no poder ser deducibles –prosigue Cabezuela–«. Sin contar que la Ley del Impuesto de Sociedades contempla «deducciones y desincentivos fiscales» a movimientos económicos hechos en los paraísos.
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