Una cuestión ardua cuando se aborda el enjuiciamiento de los delitos cometidos en las organizaciones es hallar al auténtico responsable. Quién ordenó aquél vertido ilegal de residuos o quién consintió esto o lo otro.
El criterio general en cualquier entidad organizada parte del deber de las personas con mando de vigilar los actos de aquéllos que se hallan dentro de su órbita de control y evitar cualquier conducta irregular, ─en especial evitar los delitos─, que puedan llegar a cometer. Cuando surgen indicios de que puede estar gestándose un hecho punible, el superior está obligado a intervenir, usar su autoridad y neutralizarlo. Si no lo hace, se convertirá, también él, en responsable penal.
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